En medio de la crisis del 90, Herrera y Obes consiguió una victoria decisiva contra el militarismo al afirmar la potestad presidencial de nombrar y destituir jefes militares, jefes políticos y comisarios, así como a los funcionarios públicos. Con ello confirmó la obediencia jerárquica al jefe del Estado y se aseguró los resultados de las elecciones legislativas, dada la intervención directa del Ejecutivo en los actos electorales. Esta "influencia directriz", como fue conocida, era una pieza esencial de su concepción política, que complementaba con la de "cerrar" el equipo de gobierno a un núcleo reducido: el "colectivismo". Herrera no solo pensaba que era legítimo un gobierno de partido, sino que aquel debía de estar reservado a una élite idónea, ya que las masas carecían de la preparación para ejercer la soberanía.
Sobre estas bases se afirmó el presidencialismo, pero también creció la resistencia general a una postura exclusivista.
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